En una nueva alerta temprana, la Defensoría del Pueblo ha levantado la voz sobre la crítica situación que aqueja a los municipios que conforman la subregión de la Cordillera nariñense. Una escalada de violencia perpetrada por diversas organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de Nariño, ha puesto en riesgo la vida y seguridad de miles de habitantes y ha generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes.
Los enfrentamientos armados, que han cobrado fuerza en municipios como Cumbitara y Leiva, amenazan con extenderse a otras localidades de la región, como El Rosario, Policarpa y Taminango. La Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como sobre la dependencia económica y sociocultural invisibilizada, derivada de actividades ilícitas como la siembra de cultivos de coca y el narcotráfico.
Ante esta situación crítica, la Defensoría del Pueblo ha formulado 22 recomendaciones a las autoridades gubernamentales y regionales, exhortándolas a tomar medidas urgentes y coordinadas para proteger los derechos fundamentales de la población civil y abordar las causas estructurales de este conflicto armado. Se insta a las autoridades a impulsar acciones eficaces de coordinación, articulación interinstitucional y protección de la población vulnerable, con el objetivo de mitigar los riesgos y prevenir mayores daños en la región.
La comunidad internacional observa con atención esta situación, instando a las autoridades colombianas a actuar con prontitud y determinación para restablecer la paz y la seguridad en la cordillera nariñense y garantizar el respeto por los derechos humanos de todos sus habitantes.