El Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) pidió a la Fiscalía y Procuraduría que investiguen las presuntas irregularidades contractuales al interior de Emssanar, una EPS que actualmente opera bajo la figura de Agente Interventor.
El IDSN, tras revisar la documentación pertinente, identificó posibles conflictos de interés en un contrato de asesoría jurídica y financiera, suscrito el 6 de mayo por un monto cercano a los 780 millones de pesos y con una duración de tres meses. Según José Luis Ocampo Guerrero, jefe de la Oficina Jurídica del IDSN, el representante legal de Emssanar tenía, aparentemente, vínculos comerciales con la entidad contratista, Maca SAS, lo que podría constituir un caso de incompatibilidad e inhabilidad.
A pesar de su carácter privado, Emssanar, debido a su intervención, está sujeta al régimen de inhabilidades y compatibilidades de los servidores públicos. El contrato en cuestión incluía la participación en comités decisorios de la empresa, lo que agrava las sospechas de irregularidades. Por ello, el IDSN ha remitido estos hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para su investigación.
En su momento fue el concejal de Pasto Jorge Andrés Ortiz quien puso en conocimientode las autoridades estas supuestas irregularidades, señalando que esta EPS, ya intervenida por la Supersalud, sigue mostrando signos de mala administración. Ortiz denunció que el contrato de asesoría jurídica y contable, valorado en 780 millones de pesos, implica un pago mensual de 195 millones, una cifra que considera desproporcionada. Además, cuestionó la falta de experiencia pública de la empresa contratada, cuyo capital autorizado es de apenas un millón de pesos.
Ortiz también reveló que Emssanar ha suscrito otros contratos millonarios con una única empresa, lo que podría indicar un posible favoritismo en la asignación de contratos. En total, se han identificado contratos adicionales por 5 mil millones, 700 millones, más de 40 millones y cerca de 11 millones de pesos.
El concejal subrayó la gravedad de estos hechos, especialmente considerando los limitados recursos de la EPS y las múltiples deudas, a esto se suma el impacto en miles de usuarios.
A pesar de que el Concejo de Pasto no tiene jurisdicción para realizar control político sobre el interventor, la denuncia ha resonado a nivel nacional por lo que se espera que haya una investigación profunda al respecto.