Por un retraso en el pago de subsidios por parte del ministerio de Minas y Energía a las empresas prestadoras del servicio público, la Contraloría General se pronunció indicando que existen riesgos para la continuidad en la prestación del servicio, llevando a racionamientos o incluso al cese completo de energía, que dejarían a 10 millones de personas en Nariño, la Costa Caribe, Puerto Carreño y Chocó sin fluído eléctrico.
Así, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez realizó un fuerte llamado al Gobierno nacional y a las entidades de control, pues se sabe que hasta la fecha, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, óranos encontrados de ejercer el control y vigilancia a estos asuntos, tengan algún tipo de actuación desplegada a pesar de ser una situación de especial gravedad.
Estos hechos encienden las alarmas en materia de seguridad energética que afectaría a otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio.