A diario parece incrementarse cada vez más la cifra de víctimas de biopolímeros, un número que hasta el momento no está registrado de manera oficial y que a pesar de la existencia de la ley de protección a estas personas, su implementación un año después parece quedarse corta o incluso inexistente.
Según el jurista Jerónimo Arévalo, en Colombia aunque existe la Ley 2316 de 2023, no se habrían implementado ninguna de las medidas expresas en este acto legislativo como el registro de venta de sustancias inyectables permitidas por el Invima, la creación de un protocolo para el retiro de los biopolímeros y la inspección y vigilancia a cargo de la Supersalud, entre otros artículos que ha generado que las EPS no respondan ni den garantías a los derechos de los pacientes, así como al cierre de los establecimientos no autorizados como los centros esteticistas y las clínicas de garaje.
Por su parte, el jurista manifestó que con éxito han logrado defender los derechos de estos pacientes, entre ellos caso de Darla Cristina Gonzáles, a través de una tutela negada en primera instancia, que luego en segunda instancia sería concedida, sin embargo, al momento de hacer efectivas las órdenes del fallo de la sentencia el juzgado se retractó ssegurando que la protección que había dado no respondía a lo planteado inicialmente; así fue necesario interponer una tutela en contra del juzgado y llegando a los depachos de la sala penal del Tribunal Superior de Pasto y allí se declararía improcedente, luego de la apelación, en segunda instancia el caso ya llegaría a la Corte Suprema de Justicia dónde el órgano ordeno a los tribunales anular los fallos previos y permitir el tratamiento ilegal luego de dos años de un proceso litigioso que llegó a la máxima instancia judicial del país.
El especialista en Derecho Penal y Constitucional también señaló que desde su despacho se ha liderado una propuesta conjunta con Darla Cristina Gonzáles, dirigida al Congreso espera establecer una audiencia de control a las medidas que no se han implementado y un proyecto de ley que busca ampliar la protección de las víctimas, sancionando a quienes inyectan estas sustancias y también a quienes promueven y publicitan estas prácticas.