Por poner música en el lugar y momento equivocado, un DJ ecuatoriano fue dado por guerrillero y capturado por las Fuerzas Militares y dado por «narcoterrorista» por parte del expresidente Duque.
Según señaló un artículo de El Espectador, citó un tuit del 13 de diciembre de 2021 del ya cuestionado expresidente Iván Duque, que decía: «Gracias a la acción decidida y valerosa de nuestra Fuerza Pública, se logró la captura de 16 narcoterroristas de las disidencias de las FARC en Tumaco, Nariño (…) El que la hace la paga» decía el comunicado del exmandatario, que según este reporte estaría muy lejos de la realidad, pues Jefferson Antonio Arroyo Sandoval de 28 años de edad habría pasado los últimos tres años de su vida encerrado y acusado falsamente del delito de porte de armas y municiones de uso restringido de las fuerzas armadas. Según informes del Ejército y basados en las declaraciones de dos fuentes reservadas se decía que el DJ era el apoderado de un arsenal que supuestamente habían incautado en esa zona del departamento de Nariño.
Aún a pesar de la celebración del expresidiario del Centro Democrático y de las fotografías que evidenciaban grandes cantidades de arsenal, el Juzgado Tercero Penal de Pasto dejó en los últimos días en plena libertad al artista, pues las pruebas y la historia que habrían entregado tanto el Ejército como la Fiscalía carecían de verosimilitud y coherencia.
Los hechos que habrían llevado a la captura de Jefferson Arroyo se dieron luego de que una fuente humana señalara que había hombres fuertemente armados en la vereda Sindagua, que se establece a pocos kilómetros de la zona de frontera; allí llegaría el Batallón de Selva 53, comandado para esa época por el teniente Édinson David Navia y el sargento viceprimero Mauricio García. Cuando las fuerzas armadas llegaron al sector, se capturaron a cuatro hombres que arrojaron material de guerra al potrero.
Según el reporte del Ejército referenciado en el artículo periodístico, cuando las unidades que revisaban el material fueron hostigadas al parecer por integrantes de la Segunda Marquetalia y habrían llegado al menos 10 personas armadas con el propósito de rescatar a estos cuatro capturados, entre ellos, Arroyo, que de acuerdo con luego de que los militares realizaran la proclama de identificación, estos 10 sujetos habrían dejado el armamento en la zona para huir y camuflarse con la población civil. Allí se informaría de la incautación de una ametralladora, 19 fusiles, tres granadas, tres cascos, once brazaletes de la disidencia Óliver Sinisterra, 22 chalecos, cinco radios, cuatro celulares, un computador portátil y más de 11 mil cartuchos de munición.
Jefferson Arroyo fue el único que se encontraba en pantaloneta según los testimonios del agente César Eduardo Borja y el entonces teniente Navia, llegando a legalizar su captura el día siguiente del suceso, el 14 de diciembre de 2021, allí los abogados defensores empezaron a encender las alarmas por presuntas irregularidades en la captura, pues el ecuatoriano habría sido capturado junto a su esposa e hija, además otros capturados manifestaron que al artista le habrían presuntamente hurtado dinero y elementos personales.
En marzo de 2023, una firma de abogados se dispuso a defender a Arroyo y evidenció otra historia en la que un dueño de un billar sirvió de testigo para indicar que el DJ se encontraba trabajando poniendo música en el establecimiento comercial; se trata del testimonio de Arturo Gutiérrez, quien además agregó que el ecuatoriano estaba en pantaloneta porque se disponía a jugar un partido de microfútbol luego de cumplir la jornada laboral. El computador incautado respondía a un instrumento de trabajo del DJ comprado legalmente a un comerciante en el municipio de Barbacoas y que servía para guardar y reproducir la música.
Para este entonces, ya había suficientes anomalías, pues en ninguna de las 14 páginas del informe se halla información ni del lugar exacto de captura ni del billar; tampoco estaba la información sobre la presencia de la esposa e hija del capturado, que evitó una condena por preacuerdo con la Fiscalía de 11 años de prisión.
Sin embargo, la investigación avanzará para definir una supuesta responsabilidad en el hecho. Aunque desde ya la defensa del acusado indica que esto es un caso de un «falso positivo judicial», y el juicio podría ahora volcarse hacia las presuntas responsabilidades del Ejército por supuesto delito de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, delitos por los que ahora se denuncia a personas del Ejército ante la Fiscalía.
Se espera que en 2025 inicie la audiencia de juicio que develará de una vez por todas cuánto de lo que señalaba el entonces primer mandatario, Iván Duque, el Ejército y la Fiscalía eran hechos veraces.