En un fallo histórico, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002?2010) fue condenado por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá a 12 años de prisión, en modalidad de detención domiciliaria. También deberá pagar una multa superior a 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 822?000?USD) y enfrenta una inhabilitación por más de ocho años para ejercer cargos públicos.
La sentencia condenatoria se basa en dos delitos graves: soborno en actuación penal y fraude procesal, al determinar que Uribe dio instrucciones a su abogado, Diego Cadena, para ofrecer beneficios a exparamilitares y testigos clave (entre ellos, Juan Guillermo Monsalve) a fin de modificar sus declaraciones.
La magistrada redactó una resolución de 1?114 páginas, en la que concluye que las pruebas recabadas fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del exmandatario, quien fue declarado culpable como autor intelectual del entramado de manipulación de testigos . Aunque fue absuelto por soborno simple en uno de los casos, la condena se confirmó como determinador del soborno en curso penal.
“El expediente demuestra que Uribe era plenamente consciente de la ilegalidad de sus actos”, afirmó la jueza Heredia durante la audiencia pública, calificada como una de las más largas y seguidas en los últimos años.
El fallo representará, en caso de confirmarse, la primera condena penal firme a un expresidente en la historia moderna de Colombia . Existen reacciones encontradas: mientras sectores cercanos a Uribe denuncian un presunto lawfare, víctimas de crímenes de Estado lo celebran como un logro de justicia.
La defensa confirmó que presentará una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, proceso que debe iniciarse antes del 11 de agosto de 2025 y que podría extenderse hasta la Corte Suprema de Justicia si la condena se ratifica.
En paralelo, Uribe denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación por supuestos actos de hostigamiento y calumnia, señalando declaraciones del mandatario que asocian al expresidente con narcotráfico, paramilitarismo y homicidios sin respaldo judicial.
El contexto político es especialmente delicado, ya que la condena cae en año electoral (con elecciones presidenciales en 2026) e intensifica el debate sobre la separación de poderes y la independencia judicial en Colombia.