El Gobierno nacional expidió este martes el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual elimina la prima especial de servicios que recibían los congresistas, un beneficio adicional que en 2026 ascendía a casi 17 millones de pesos mensuales por legislador y que se sumaba a su salario básico y otros componentes.
La norma deroga el Decreto 2170 de 2013, que había instaurado esta prima para sustituir beneficios como salud, vivienda y localización, y establece que a partir del 20 de julio de 2026 —cuando se posesionen los nuevos senadores y representantes tras las elecciones de marzo— ya no se reconocerá este pago adicional.
Según el decreto, la decisión se enmarca en criterios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público y equidad, al considerar que la remuneración total de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país.
La eliminación de la prima implicará una reducción significativa en los ingresos de los parlamentarios, ya que actualmente esa bonificación representaba un monto adicional importante sobre el salario ordinario. Esta medida no afectará a los congresistas en ejercicio hasta completar su periodo, sino únicamente a quienes asuman funciones a partir de julio de este año.
La decisión ha generado debate político, con voces que califican la medida como una estrategia en el marco de políticas de austeridad, mientras otros la ven como un paso hacia un régimen salarial más ajustado a las condiciones económicas del país.
