Ante las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano, que han generado una situación comercial bilateral con efectos en la dinámica social y económica de la frontera colombo-ecuatoriana, el Gobierno Departamental solicitó al Ejecutivo nacional la declaratoria de Zona Especial de Intervención Fronteriza para el departamento de Nariño.
Se trata de una medida excepcional con la que se busca atender las afectaciones que actualmente enfrentan los municipios fronterizos, tras disposiciones adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. En ese contexto, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, remitió una comunicación oficial al presidente Gustavo Petro.
La misiva fue enviada con copia a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa María Villavicencio, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, en la que se solicita la adopción urgente de los mecanismos legales que permitan declarar esta figura especial en el territorio.
De acuerdo con el documento, la petición se sustenta en el Artículo 17 de la Ley 2135 de 2021, que autoriza la implementación de medidas extraordinarias cuando factores externos impactan de manera directa derechos fundamentales como el bienestar ciudadano, la estabilidad empresarial, la generación de empleo, la sostenibilidad fiscal y la institucionalidad en las zonas de frontera.
Desde la administración departamental señalaron que, en articulación con los esfuerzos diplomáticos adelantados por el Gobierno Nacional, es necesario complementar la respuesta institucional con instrumentos excepcionales que permitan mitigar el impacto de la coyuntura actual sobre las comunidades y el tejido productivo regional.
Las medidas solicitadas tendrían carácter temporal y extraordinario, y buscan responder a un choque externo que afecta de forma desproporcionada a los territorios fronterizos, sin que ello implique tratamientos preferenciales permanentes.
La Gobernación de Nariño indicó que espera que, en el marco del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el territorio, se adopten decisiones orientadas a proteger la estabilidad económica y social de los municipios de frontera y respaldar a las comunidades afectadas.
