La reciente decisión del Gobierno de Ecuador de aumentar al 100 % los aranceles a productos importados desde Colombia encendió las alertas en la frontera, donde distintos gremios económicos advierten un impacto inmediato en el comercio binacional y en el empleo de ciudades como Ipiales.
Se trata de una medida que, según el Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, golpea directamente el intercambio comercial entre ambos países, con el que se busca —desde la política económica ecuatoriana— aplicar mayores controles a las importaciones, pero que en la práctica está afectando a transportadores, comerciantes y trabajadores del sector logístico.
De acuerdo con voceros del sector transporte de carga internacional, desde el 1 de marzo ya se había registrado una reducción superior al 85 % en las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, situación que ahora podría agravarse con el incremento arancelario. “Es un golpe total al comercio internacional y a la relación comercial entre los dos países”, señalaron, advirtiendo además un panorama de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la actividad.
Los gremios también alertan sobre consecuencias sociales, entre ellas el desempleo de personas vinculadas a actividades como cargue, descargue y almacenamiento de mercancías, así como la paralización de empresas dedicadas a la importación de productos agrícolas. “Quedaron sin trabajo y sin posibilidades de continuar operando bajo estas condiciones”, indicaron.
Otro de los efectos que preocupa es el posible incremento del contrabando en corredores alternos, ante las restricciones al comercio formal. Desde el sector advierten que las decisiones adoptadas estarían incentivando prácticas ilegales en detrimento de la economía organizada en la región fronteriza.
Frente a este panorama, los gremios cuestionaron la falta de acuerdos concretos entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, incluso tras espacios de diálogo internacional como la reciente reunión en Lima con participación de la Comunidad Andina. “Se acaban las expectativas y las esperanzas del trabajo formal en la frontera”, manifestaron.
Finalmente, transportadores y empresarios señalaron que, ante la caída de la actividad, se verán obligados a trasladar sus operaciones hacia otras ciudades del país para poder cumplir con sus obligaciones financieras y garantizar el sustento de sus familias, en medio de un escenario que califican como crítico para la economía regional.