Una presunta red señalada de lavar más de 425 mil millones de pesos mediante exportaciones ficticias hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, en Ipiales (Nariño), fue desarticulada tras un operativo conjunto que dejó siete personas capturadas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y tres representantes legales de comercializadoras internacionales.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2023 esta estructura habría simulado el envío de cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados que nunca cruzaron la frontera, utilizando cinco comercializadoras internacionales que figuraban como exportadoras y una agencia de aduanas encargada de tramitar las declaraciones y soportes con los cuales justificaban el ingreso al país de dineros provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como supuestos reintegros por ventas al exterior.
Las indagaciones fueron adelantadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, logrando establecer que los cuatro servidores de la seccional Ipiales habrían certificado falsamente la salida de las mercancías antes de ser detenidos en diligencias ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).
Tras las capturas, los siete procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías que impartió legalidad a los procedimientos y la Fiscalía les imputó, según su responsabilidad individual, los delitos agravados de lavado de activos y concierto para delinquir, además de falsedad ideológica en documento público.
Con base en los elementos materiales probatorios recaudados, el ente acusador remitió el expediente a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar las medidas sobre los bienes y activos vinculados a estas operaciones ilícitas, mientras avanza el proceso judicial en el que se mantiene vigente la presunción de inocencia de los investigados.