La revista Cambio reveló que tiene en su poder, información y pruebas que evidenciarían el presunto desvío de recursos de la salud a través del agente interventor de Emssanar, dándose varias posibles irregularidades como pagos sin justificación, sobrecostos y presunto favorecimiento a algunos prestadores de salud.
De acuerdo con Cambio, hay información que divulgó la Superintendencia de Salud, se relaciona con la supuesta influencia de Mario Andrés Urán, a quien la revista califica como «un famoso lobista y empresario de la salud». En el artículo de la periodista Paola Herrera, se señala que Emssanar, que es una de las EPS más grandes del régimen subsidiado, contando con más de un millón y medio de afiliados en 102 municipios de cuatro departamentos, uno de ellos, Nariño, vuelve a ser tema de discusión por las presuntas irregularidades que se vendrían presentando al interior de la entidad.
La intervención de la EPS que inició en mayo de 2022 y que ya ha pasado por las manos de tres agentes interventores (para el último caso habría iniciado labores hace cinco meses), siendo nombrado por la administración actual, se trata de César Sánchez, quien llegó bajo instrucción del recién removido superintendente, Luis Carlos Leal. De acuerdo con la investigación de Cambio, esta llegada era innecesaria, pues con el anterior interventor, Carlos Arboleda, la EPS ya venía mostrando signos de recuperación económica; sin embargo, Leal le dijo a Cambio que no se estaban haciendo los pagos a los acreedores y que habría prestadores de servicios desesperados.
Además, a una semana del nombramiento del interventor, César Sánchez habría repartido supuestamente a dedo varios contratos. De esta manera, se habrían asignado recursos a cinco operadores, giros que alcanzaron los 5.200 millones de pesos, pero que paralelamente en los pagos que se comparan con períodos anteriores, alcanzarían los 3.115 millones de pesos, evidenciando así un supuesto sobrecosto superior a los dos mil millones de pesos.
Lo más sorprendente que revela este artículo es cuando además indican un documento donde el actual interventor estaría presuntamente haciendo firmar documentación a varios trabajadores donde se comprometen a no divulgar, revelar, exhibir, mostrar, comunicar o utilizar archivos internos y que se deben mantener en estricta confidencialidad.