Un nuevo escándalo sacude al Ejército Nacional en Nariño. La Fiscalía General de la Nación reveló que el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, quien estuvo al frente de una unidad élite con presencia en varios municipios del departamento, habría recibido hasta 30 millones de pesos semanales a cambio de entregar información reservada sobre los movimientos de la Fuerza Pública y favorecer a estructuras armadas ilegales.
Pérez Amorocho asumió en julio de 2025 el mando de una unidad con presencia en Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y Tumaco, además de zonas de Cauca y Valle del Cauca. Según la investigación, entre enero y mayo de 2026 habría establecido vínculos con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.
La Fiscalía sostiene que el oficial habría pactado pagos semanales de 30 millones de pesos para alertar a los grupos armados sobre los movimientos y operaciones de la Fuerza Pública, información que les habría permitido facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero por esta zona del país.
Uno de los episodios más graves investigados ocurrió en abril de este año en Nariño. De acuerdo con el ente acusador, el coronel habría impedido el avance de tropas hacia un punto donde se desarrollaría una intervención, dando tiempo para que cabecillas de una estructura armada escaparan en lanchas rápidas antes de ser capturados.
Cuando los militares finalmente lograron ingresar al sector, las caletas con estupefacientes y armamento sobre las que existía información ya habían sido retiradas. La Fiscalía asegura además que los narcóticos que alcanzaron a ser encontrados habrían sido arrojados al río, presuntamente por orden del propio coronel, para que integrantes de la organización ilegal pudieran recuperarlos después.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El coronel no aceptó los cargos.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento las operaciones militares en una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico y la presencia de grupos armados en Nariño, pues, según la tesis de la Fiscalía, quien tenía bajo su responsabilidad combatir estas estructuras habría utilizado información privilegiada para favorecerlas a cambio de millonarias sumas de dinero.