Un flete adicional de 93,65 pesos por galón en el surtidor y compensaciones terrestres sin sustento legal centran la advertencia de la Red de Veedurías de Colombia.
En las últimas horas se conoció una denuncia sobre la estructura de sobrecostos que introduce la Resolución 01937 del 27 de octubre de 2026 en el transporte de combustibles para Nariño.
De acuerdo con la Red de Veedurías de Colombia, el esquema aprobado traslada a los usuarios de nueve municipios el cobro del flete local entre planta y estación de servicio, al tiempo que impone a las finanzas de la Nación el pago de subsidios de transporte terrestre en un trayecto que no está autorizado por la ley.
El sobrecosto al consumidor final se materializa en el componente tarifario, fijado en 93,65 pesos por galón para el corte de octubre de 2026, el cual deben asumir los compradores de La Florida, Consacá, El Peñol, El Tambo, Sandoná, Yacuanquer, Nariño, Ancuyá y Linares tras ser devueltos a la atención de la planta de Petronar en Chachagüí.
Paralelamente, el acto fijó en cero pesos el flete entre Yumbo y Chachagüí para cubrirlo con recursos del Ministerio de Hacienda, omitiendo que el artículo 55 de la Ley 191 de 1995 restringe dicha compensación exclusivamente a San Juan de Pasto por su condición de capital fronteriza.
«Es un doble costo para los nariñenses: uno en el surtidor y otro en el presupuesto público. Un acto que invoca un régimen cuyo supuesto legal no se cumple, que traslada costos al consumidor y que no expone el análisis económico que lo justifique no es un ejercicio legítimo de discrecionalidad», señaló el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez.
A este impacto se añade una asimetría tarifaria frente a la costa pacífica. En Tumaco, el transporte por cabotaje marítimo se transfiere directamente al precio al público con valores estimados de 1.393,38 pesos por galón de gasolina corriente y 1.388,08 pesos para ACPM, sin compensación con recursos del erario en condiciones normales.
Según el pronunciamiento, el Gobierno nacional optó por financiar carrotanques desde el Valle del Cauca hacia Chachagüí sin anexar estudios económicos previos y desconociendo la capacidad de almacenamiento certificada en Tumaco y la barcaza auxiliar AN Cape Hippo.
Ante el riesgo de que estos despachos alimenten cadenas del narcotráfico o se desvíen hacia el Cauca, la Red solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una indagación penal por presunto peculado por apropiación en favor de terceros. La solicitud de vigilancia preventiva también se extendió a la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio (en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado de noviembre de 2023), a la espera de radicar una demanda de nulidad con medida cautelar de suspensión provisional ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.