Tras los recientes hechos de violencia ocurridos en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales, la Gobernación de Nariño lideró un Consejo de Seguridad con autoridades departamentales, nacionales y de la fuerza pública, con el propósito de atender la grave crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en esta zona fronteriza.
El encuentro se desarrolló en respuesta a los enfrentamientos entre el grupo delincuencial transnacional “Los Choleros”, proveniente del Ecuador, y la estructura armada “Comandos de Frontera”, que han generado un alarmante impacto sobre la población civil. Hasta el momento, se reportan ocho personas desaparecidas, así como el desplazamiento forzado y el confinamiento de habitantes de la vereda del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, quienes han recibido asistencia de las alcaldías de Orito y Mocoa, en el vecino departamento del Putumayo.
Entre las decisiones adoptadas en el Consejo de Seguridad se encuentra el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio, a través de apoyo humanitario y la acción coordinada entre la Brigada 23 del Ejército Nacional en Nariño y la Brigada 27 en Putumayo. El objetivo es garantizar el control sobre el río San Miguel, límite natural entre Colombia y Ecuador, y generar condiciones para el retorno seguro de las familias desplazadas.
Además, en articulación con el Ministerio del Interior, se implementarán medidas específicas de protección y prevención para los tres Consejos Comunitarios y los resguardos indígenas presentes en la región, buscando salvaguardar su integridad ante la creciente presencia de actores armados ilegales.
La Gobernación de Nariño reiteró su compromiso con la defensa de la vida, la paz y los derechos de las comunidades fronterizas, y aseguró que continuará trabajando de forma articulada con el Gobierno Nacional para enfrentar los factores de riesgo que amenazan la estabilidad del territorio.