Un nuevo debate sobre los límites del control territorial indígena y las garantías para el control social se desató en Cumbal, luego de que integrantes de la guardia comunitaria interceptaran a un veedor ciudadano para exigirle cuentas sobre quién autorizó su ingreso a la localidad y obligarlo a pedir disculpas públicas a la administración municipal tras eliminar grabaciones críticas.
El episodio, registrado en video, muestra al integrante de la guardia ambiental y comunitaria cuestionando la presencia del ciudadano en el casco municipal a raíz de denuncias que este recopilaba contra la Alcaldía local. Aunque el veedor intentó ampararse inicialmente en la Ley 1757 de 2015 sobre participación ciudadana, la autoridad indígena recalcó la vigencia del control territorial que ejerce el Cabildo por encima del libre tránsito.
Durante el interrogatorio, la guardia indígena dejó clara la exigencia de pedir aval previo para pisar el municipio:
«Recibimos en la mañana una llamada de que usted andaba haciendo unas grabaciones directamente aquí en el municipio de Cumbal y nosotros queremos saber quién le dio autorización para que entre aquí al municipio».
Ante el requerimiento en la sede comunitaria, el veedor (conocido en Pasto por sus controvertidas denuncias) terminó retractándose, reconoció haber borrado los videos que documentaban presuntas irregularidades oficiales y ofreció disculpas tanto al resguardo como a la Alcaldía de Cumbal para poder retirarse de la zona.
El caso reabre la controversia legal en Nariño entre las facultades jurisdiccionales y de autonomía que la Constitución otorga a los resguardos y los derechos fundamentales a la libre locomoción, la libertad de expresión y la fiscalización ciudadana en entidades territoriales del departamento.