El escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de Comfamiliar Nariño deja medidas de aseguramiento contra las cuatro personas judicializadas. Olga Alicia Vásquez Martínez fue enviada a un centro carcelario, mientras Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará cumplirán la medida en sus residencias.
Con el cierre de las audiencias también se conocieron nuevos detalles sobre la dimensión del caso. La Fiscalía sostiene que la presunta red habría direccionado ocho contratos por $9.804.893.500, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, mediante licitaciones simuladas, comisiones sobre anticipos y cuentas con sobrecostos.
De ese valor se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, equivalentes al 30 % de la contratación. Además, dos de las personas procesadas devolvieron cerca de $1.552 millones, aunque la Fiscalía no precisó sus identidades.
Según la investigación, Vásquez Martínez, entonces subdirectora de Servicios, presuntamente se encargaba de direccionar los contratos. Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían entregado información a empresas previamente seleccionadas sobre los documentos que debían presentar.
En el caso de Insandará, exsecretario de Gobierno de Nariño, la Fiscalía afirmó que presuntamente se benefició del direccionamiento mediante una empresa que representaba. Esta versión contradice lo dicho inicialmente por su familia, que lo presentó como testigo protegido.
Los cuatro fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Vásquez Martínez aceptó los cargos; los otros tres procesados no.
La Fiscalía advirtió que estas actuaciones corresponden apenas a una primera fase de la investigación, por lo que el proceso podría involucrar nuevas decisiones judiciales.